Crisis en nuestras vidas

Una de las cosas que la crisis económica ha puesto de manifiesto es que tenemos, en tanto que sociedades, grandes dificultades para relacionarnos con nuestro propio futuro, que estamos insistentemente distraídos con el corto plazo. Vivimos en la tiranía del presente, es decir, de la actual legislatura, el corto plazo, el consumo, nuestra generación, la proximidad...
Vivimos en la tiranía del presente, del corto plazo. La democracia, no obstante, debería pensar el futuro.
La consecuencia lógica de la tiranía del presente es que el futuro queda desatendido, que nadie se ocupa de él. El futuro distante deja de ser un objeto relevante de la política y la movilización social. Lo que está demasiado presente impide la percepción de las realidades latentes o anticipables, y que muchas veces son más reales que lo que ocupa actualmente toda la escena. ¿O es que resulta razonable prestar tal atención a las amenazas presentes que dejemos de percibir los riesgos futuros? ¿Estamos realmente dispuestos a que las posibilidades actuales arruinen las expectativas del futuro?
Configurar una suerte de responsabilidad respecto del futuro es una tarea para la cual la política es fundamental. El problema estriba en que el futuro es políticamente débil, ya que no cuenta con abogados poderosos en el presente, y son las instituciones las que deben hacerlo valer. Las sociedades contemporáneas tienen una enorme capacidad de producir futuros, es decir, de condicionarlos o posibilitarlos. Por contraste, el conocimiento de esos futuros es muy limitado. El alcance potencial de sus acciones y los efectos de sus decisiones son difícilmente anticipables. Como el futuro no puede ser conocido, la responsabilidad suele quedar fuera de consideración. Pero esta dificultad de conocer la repercusión real de nuestras acciones en el futuro no nos exime del esfuerzo deponderarlas desde una perspectiva temporal más amplia.

¿Crisis europea o crisis checa?

Bruselas vuelve a mirar con preocupación a Praga. Esta vez el motivo no es el euroescéptico presidente Vaclav Klaus, sino el Gobierno de centro derecha de Mirek Topolanek, que fue derrotado el pasado martes en la quinta moción de censura presentada por la oposición socialdemócrata en lo que va de legislatura. La inestable coalición de Gobierno, formada por democristianos, conservadores y ecologistas, no pudo resistir más tras las recientes deserción de algunos diputados de sus filas.
Aunque Topolanek trató de quitar dramatismo a la situación durante su comparecencia en el Parlamento Europeo un día después, el fatalismo sobrevuela al resto de socios comunitarios y a las instituciones europeas. Si bien es cierto que el derrotado Gobierno checo logrará mantenerse en funciones hasta el 30 de junio, aumenta la incertidumbre sobre la ratificación del Tratado de Lisboa. El texto comunitario, ratificado por el Parlamento en febrero, debe pasar en abril una crucial lectura en el Senado. Allí la oposición de algunos senadores gubernamentales hará muy difícil alcanzar la mayoría de tres quintos necesaria. Al fin y al cabo, funcionarios, diplomáticos y dirigentes checos seguirán manejando el día a día como estaba previsto. Pero, tal vez, el entusiamo decaíga en asuntos sensibles que requieran una mayor iniciativa política. Éste es el caso del enfrentamiento entre el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo sobre la semana laboral máxima.

La crisis en el Este

La inestabilidad política y económica imperante en la mayoría de los antiguos países comunistas que entraron en la Unión Europea en 2004 suscita con razón inquietud en la vertiente occidental de Europa. El derrumbe político o económico de alguno de los nuevos países miembros podría desatar una reacción en cadena, no sólo en esa región, sino en el conjunto de la Unión. Aunque la crisis económica mundial centra principalmente la atención de las democracias europeo-occidentales en los aspectos económicos y financieros de los crecientes problemas que experimenta la Europa Oriental y Central, en realidad, la raíz de los problemas es política. O, por así decirlo, radica en un choque entre cultura e instituciones.
Todos los antiguos paises soviéticos que entraron en la UE en 2004 experimentaron procesos de modernización institucional de los más rápidos y sorprendentes de la historia. Del comunismo salieron con regímenes políticos autoritarios, economías centralizadas y burocracias ineficientes.
Entre mediados de la década de 1990 tuvieron lugar inauditos procesos de transformación, que convirtieron regímenes económicos centralizados en economías de mercado modernas e instituciones políticas antidemocráticas e ineficientes en instituciones democráticas basadas en el Estado de derecho.
Después de la creación de Checoslovaquia en 1918, el presidente del país, Tomas G. Masaryk, declaró en una ocasión: "Ahora tenemos una democracia, pero no demócratas". Pasados 90 años, éste sigue siendo un problema en una región que poca o ninguna experiencia democrática había tenido hasta 1989.
Hasta cierto punto, 20 años después de la caída del comunismo, los miembros postcomunistas de la UE siguen siendo "democracias sin demócratas". Aunque superficialmente se parecen a cualquier otro miembro europeo-occidental de la Unión -eso sí, quizá un poco más pobres-, en el fondo, siguen padeciendo una considerable escasez de cultura democrática.